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Trabajadores de Construcción denuncian nulo apoyo económico

Cerca de 450.000 personas del sector de Construcción Civil se han visto afectadas económicamente desde el inicio del confinamiento . La FTCCP alertó sobre la situación.

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Cerca de 450.000 personas del sector de Construcción Civil se han visto afectadas económicamente desde el inicio del confinamiento . La FTCCP alertó sobre la situación.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) lanzó este lunes la voz de alerta ante la situación de su gremio, al señalar que 450.000 permanecen sin recibir ningún apoyo económico desde que a mediados de marzo se paralizaron las obras por las medidas de aislamiento y cuarentena dictadas por el Gobierno.

El secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva, señaló que las "características especiales" de su trabajo no les permiten acceder "a ninguna de las figuras de protección social dadas hasta la fecha por el Gobierno", que incluyen bonos económicos para familias vulnerables y la posibilidad de que los trabajadores formales retiren parte de sus contribuciones para pensiones.

"Son más de cuarenta días sin salarios y se anuncia que el sector construcción recién se reactivará progresivamente desde el mes de agosto. Es urgente la asistencia social económica del Gobierno para los trabajadores de este sector y sus familias", exigió.

Por ese motivo, Villanueva pidió que se les considere en el bono económico de 380 soles (unos 108 dólares) quincenales que se da a las familias vulnerables ya que, de otra manera, "a los trabajadores en construcción civil y sus familias no los va a matar el COVID-19, los va a matar el hambre".

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Defensoría del Pueblo también señaló que es urgente que las autoridades garanticen el acceso a la información pública sobre el COVID-19 mediante los portales de transparencia de las instituciones estatales.

La Defensoría del Pueblo supervisó la información que las autoridades del sector salud publican en sus páginas web "en atención a la importancia del derecho de la ciudadanía de acceder a información pública" sobre el uso de los recursos y para "hacerlos partícipes en las decisiones sobre su salud y la de sus familiares".

Aseguró que sus conclusiones "evidencian un claro incumplimiento de las obligaciones legales" y enfatizó que "en momentos de elevada incertidumbre, la población demanda información clara, completa, oportuna y accesible sobre las decisiones que le afectan, más aún, si ello involucra su salud".

El organismo ratificó que mantendrá su "rol constitucional de supervisión de los deberes de la administración estatal", con especial atención en el cumplimiento de las obligaciones de suministrar información sobre las acciones que toman las entidades públicas durante la emergencia sanitaria.

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